Dilmar Ortiz Joya, Defensor del Pueblo Regional Santander se mostró preocupado por la ampliación del plazo de 12 meses otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente, para el cierre definitivo del relleno sanitario denominado El Carrasco.“Es importante tener en cuenta que así como vamos a tener otro año de espera, también se hace necesario que se consoliden los planes de contingencia para la disposición de residuos sólidos a septiembre del 2010 por parte de los municipios involucrados; de igual manera que se incorpore lo definido en el Plan Integran Residuos Sólidos (PGIRS) a los ordenamientos territoriales de los municipios de competencia, y se revisen otras posibilidades para el manejo de los residuos sólidos existentes dentro del país y por fuera del mismo (ejemplo, la compactación de la basura).
En opinión del Defensor, si existen cinco opciones en el PGIRS es importante que se realice una actualización de las condiciones reales de estos sitios establecidos ya que van varios años desde que se elaboraron. Ante las diferentes gestiones que se viene realizando sobre esta situación, Ortiz Joya recordó la necesidad de mantener una vinculación y participación activa de las comunidades afectadas o por afectar, así como la de los representantes de los Concejos Municipales necesarios. El Dr. Joya manifestó se hace ineludible un trabajo de socialización de todas las decisiones que se tomen con respecto a la disposición de los residuos sólidos con las comunidades, puesto que ellos tenían la expectativa de que dentro de 10 días El Carrasco se cerraba y por consiguiente se acabaría la contaminación ambiental.
El Defensor Regional señaló que los planes de contingencia que se presentaron en reunión del Consejo directivo de la CDMB no tuvieron la seriedad del caso y la Defensoría hizo un llamado a la estructuración de los mismos, “así como, es de nuestra competencia vigilar para que se respeten los derechos de participación de las comunidades, dada algunas quejas sobre el funcionamiento del Carrasco y lo que implica una amenaza al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública, al derecho del equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de recursos naturales y el derecho a la moralidad administrativa (es el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente y con la diligencia y cuidados propios del buen funcionario)”.
La Defensoría “hace un llamado a la Autoridad Ambiental, a la Procuraduría Judicial Agraria, a los Personeros Municipales, a la Superintendencia de Servicios Públicos para que realicen una verdadera vigilancia y control a este tema, lógicamente sin salirse de sus funciones, pues este es un plazo que se ha venido ampliando por años”.
Recordemos que desde el año 2000, la CDMB -mediante Resolución 898- sancionó a la EMAB por incumplimiento en las obligaciones inherentes al Plan de Manejo Ambiental, entre ellas la implementación de un sistema de gestión ambiental de residuos, la erradicación en forma definitiva de la presencia de recuperadores en el área de la celda. Posteriormente, con la Resolución 0163 de 2005 y la Resolución 01450 de Octubre de 2005 nuevamente se sancionó a la EMAB y se le obligó a cumplir con el trámite de permiso de vertimientos y plan de cumplimiento del sistema de tratamiento de lixiviados, etc. En estos momentos, la CDMB solicita a la EMAB el trámite ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la autorización de prórroga adicional de la celda transitoria para disponer los residuos sólidos en el Carrasco hasta el 31 de marzo de 2010, así como la solicitud a la Aeronáutica Civil para que se autorice la operación hasta el 2010, dada la restricción existente sobre el predio el Carrasco por su proximidad al aeropuerto Palonegro.
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