“Es necesario fortalecer la construcción de Planes Integrales Únicos que respondan a la realidad de las comunidades”Con motivo de día mundial de los refugiados, Dilmar Ortíz Joya, Defensor del Pueblo Regional Santander, invitó a la comunidad a reflexionar sobre la situación de miles de personas en desplazamiento forzado en el país y especialmente, en nuestro departamento. “Los refugiados han tenido que huir de su país para sobrevivir, así mismo, les ha tocado a las personas en desplazamiento; la guerra, el conflicto armado los obliga a partir y una mayoría de ellas son mujeres…. Mujeres que han tenido que asumir otros roles, especialmente, en la parte económica, otros riesgos dentro de los nuevos entornos en los cuales les ha tocado vivir junto con sus hijos e hijas”, manifestó el funcionario.
La población desplazada registrada en Santander supera las 120 mil personas, según el Registro Único de Población Desplazada-RUPD- de Acción Social, y se caracteriza por ser población campesina proveniente de veredas, de corregimientos y en un alto porcentaje de ellas, procedentes de municipios santandereanos.
De una muestra de 151 declaraciones recepcionadas en la Defensoría, durante el primer trimestre del presente año -correspondiente a Enero, Febrero y Marzo-, el 36 % provienen de Santander-intramunicipal-, y el 64% de otros departamentos- interdepartamental-; prioritariamente de vecinos como Norte de Santander, Cesar, Arauca, Bolivar, Boyacá, etc. Se manteniene un registro de presuntos autores planteados por las familias que declaran como víctimas de las AUC y de las denominadas aguilas negras que registran un 70%, y en otros porcentajes menores, de la FARC, la guerrilla, ELN, etc.
Bucaramanga como capital del departamento sigue siendo una de las mayores receptoras de personas en desplazamiento (38.000), así como los otros municipios del Área Metropolitana y las localidades de la provincia de Mares en cabeza de Barrancabermeja como las de mayor expulsión de población. Este desplazamiento es de carácter individual; las familias rurales presentan condición de propietarios de tierras, otros dedicados al jornaleo o administradores de fincas; familias que al llegar a un nuevo entorno se les sigue vulnerando sus derechos al no poder contar con ayuda inmediata y en especial, al no lograr con el transcurso de los años la consolidación económica con procesos de generación de ingresos suficientes para un sostenimiento de sus integrantes (en promedio de 5) y en general, del goce efectivo de sus derechos que conlleve a un mejor bienestar y a la construcción de su nuevo proyecto de vida.
El Defensor del Pueblo Regional Santander reitera el llamado a todos los entes departamentales y municipales a fortalecer la construcción de Planes Integrales Únicos-PIU-, que respondan a la realidad de las comunidades con caracterizaciones de estas familias en todos sus derechos; especialmente, con asignación de recursos de acuerdo con sus demandas; determinando con la población en desplazamiento la prelación de la atención como se visibilizó en la Ley 1190 del 2008 y consolidando su derecho a la participación, a la familia, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, entre otros, así como, a mantener su integridad personal, su libertad, su seguridad y su vida.
De igual manera Ortíz Joya insiste en la necesidad de unir esfuerzos para superar la existencia de situaciones inconstitucionales que vulneran los derechos de la población en desplazamiento forzado, fortalecer los procesos de coordinación institucional, “es necesaria la articulación real de esta población con las comunidades receptoras y definir procesos de seguimiento, de monitoreo y evaluación de las políticas públicas al desarrollar los diferentes indicadores determinados por la Corte Constitucional, entre otras prioridades”, concluyó el Defensor Regional.
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