El Defensor del Pueblo, Dílmar Ortiz Joya, dijo que la problemática debe enfocarse -en primera instancia-, con el diálogo entre los actores del conflicto y así generar planes preventivos, antes que sancionatorios, con el objetivo de que los educandos conozcan normas, legislación y penas sobre porte y tenencia ilegal de armas. En tanto, directivos de los claustros solicitaron una acción más permanente de la Policía Nacional, no sólo con requisas dentro de los establecimientos educativos, sino fuera de ellos, ya que los jóvenes utilizan con frecuencia las ventas ambulantes de los alrededores, para guardar y conseguir armas, drogas y sustancias psicoactivas.
El Secretario de Educación, Luis Alfonso Montero, reiteró el llamado a los padres de familia para que vigilen a sus hijos y se nieguen a facilitarles armas y otros elementos de defensa, que obviamente no requieren en los lugares donde estudian, mientras el mayor Nelson Sepúlveda, Coordinador de la Policía Comunitaria de Bucaramanga, reafirmó el compromiso de su institución para promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos estudiantiles.
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