“La comunidad y las autoridades nos sentimos impactados y burlados”
Para el Defensor del Pueblo de la Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, la conducta delictiva de Johana Andrea Macías Ramírez, de 24 años, madre y presunta asesina del niño Esteban Alejandro, de Piedecuesta-Santander, es algo que lo ha dejado sin palabras. Indudablemente, porque preciso el mismo día e instante en que Ortiz Joya visitaba a la familia del menor para manifestarle la solidaridad de los funcionarios de la Institución y darle aliento al padre y demás familiares, -ya que no fue posible hablar con la madre pues no se hizo presente en la visita de la Defensoría-, con seguridad porque en estos momentos y sin que nadie lo supiera ella conducía a las autoridades al sitio en donde lo había dejado abandonado dentro de una bolsa negra.
Ante el acompañamiento del Defensor Regional, el padre del menor Orlando Mosquera, de 26 años, se mostró bastante retraído y callado, se limitó a escuchar las palabras de aliento y el ofrecimiento de Ortiz Joya para mediar ante cualquier negociación, bajo la premisa de un secuestro; ya que el papel activo lo venían desarrollando las autoridades competentes de la investigación como la Policía Metropolitana, Fiscalía, DAS, y Sijín.
“No sólo como Defensor del Pueblo, sino como padre de familia y como tío, el hecho de ver que es una vida que se va tan temprano, que no alcanza a disfrutar de todo lo hermoso que Dios nos ha a dado para realizar sobre esta tierra, me impresiona muchísimo. Es muy difícil para mi definir qué llevó a Johana Andrea a cometer este acto tan demencial, pues aún no se sabe qué situaciones emocionales la involucraron; pero esto es también el reflejo de una sociedad en descomposición, de la pérdida de valores y principios, pues independientemente de las situaciones esto es un acto atroz” señaló Dilmar Ortiz Joya.
De igual manera, manifestó que como abogado penalista tiene una posición personal ante este crimen y ante las penas que se imponga, o ante el proyecto de ley hacia la cadena perpetua, pero que como Defensor Regional respeta la posición del Defensor Nacional, Doctor Vólmar Pérez; no obstante la Institución como organismo que lucha por el derecho a la vida, entre otros, rechaza este delito que “nos lesiona no solo a nivel local sino nacional e internacional pues hace ver a Colombia una vez más como un país violento”.
Trabajo mancomunado
Aseguró el funcionario que esto no es un infanticidio u homicidio, como algunos lo han denominado, sino que es un filicidio el cual es un delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un genitor (padre/madre) hacia un menor hijo propio. Agregó que lo preocupante es que cuando las cosas vuelvan a su curso normal y este escándalo se calme, los colombianos continuemos como un país de olvido, en donde casi que estamos permeabilizados a este tipo de hechos, o que seamos solamente sensibles y solidarios de manera coyuntural, sólo en el momento de las tragedias.
En este sentido hizo un llamado al estado para que se preocupe por la génesis de estas situaciones, y se genere una política criminal seria a través del legislativo. “Colombia tiene que reaccionar, uniéndonos todos los organismos del Estado pues esto es un trabajo mancomunado de los entes y de los padres, quienes somos los primeros educadores de los niños y tenemos el deber, la obligación de empezar con ellos en la construcción de vida buena, saludable, recta, respetuosos de la sociedad y de la ley. Insisto, es un trabajo que comienza por cada uno de nosotros los padres, articulado con los docentes que son una parte importante, pero de igual manera con un seguimiento por parte de las Instituciones del estado. Necesitamos la vinculación de las gobernaciones, de las alcaldías, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Personerías, Defensorías, es decir es un trabajo incorporado de todo el Estado para que estos hechos no se repitan y no nos sintamos burlados, utilizados con una farsa ya que todo el pueblo santandereano y las autoridades fuimos muy solidarios con esta madre y su familia”, manifestó conmocionado el Defensor Regional.
Para el Defensor del Pueblo de la Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, la conducta delictiva de Johana Andrea Macías Ramírez, de 24 años, madre y presunta asesina del niño Esteban Alejandro, de Piedecuesta-Santander, es algo que lo ha dejado sin palabras. Indudablemente, porque preciso el mismo día e instante en que Ortiz Joya visitaba a la familia del menor para manifestarle la solidaridad de los funcionarios de la Institución y darle aliento al padre y demás familiares, -ya que no fue posible hablar con la madre pues no se hizo presente en la visita de la Defensoría-, con seguridad porque en estos momentos y sin que nadie lo supiera ella conducía a las autoridades al sitio en donde lo había dejado abandonado dentro de una bolsa negra.
Ante el acompañamiento del Defensor Regional, el padre del menor Orlando Mosquera, de 26 años, se mostró bastante retraído y callado, se limitó a escuchar las palabras de aliento y el ofrecimiento de Ortiz Joya para mediar ante cualquier negociación, bajo la premisa de un secuestro; ya que el papel activo lo venían desarrollando las autoridades competentes de la investigación como la Policía Metropolitana, Fiscalía, DAS, y Sijín.
“No sólo como Defensor del Pueblo, sino como padre de familia y como tío, el hecho de ver que es una vida que se va tan temprano, que no alcanza a disfrutar de todo lo hermoso que Dios nos ha a dado para realizar sobre esta tierra, me impresiona muchísimo. Es muy difícil para mi definir qué llevó a Johana Andrea a cometer este acto tan demencial, pues aún no se sabe qué situaciones emocionales la involucraron; pero esto es también el reflejo de una sociedad en descomposición, de la pérdida de valores y principios, pues independientemente de las situaciones esto es un acto atroz” señaló Dilmar Ortiz Joya.
De igual manera, manifestó que como abogado penalista tiene una posición personal ante este crimen y ante las penas que se imponga, o ante el proyecto de ley hacia la cadena perpetua, pero que como Defensor Regional respeta la posición del Defensor Nacional, Doctor Vólmar Pérez; no obstante la Institución como organismo que lucha por el derecho a la vida, entre otros, rechaza este delito que “nos lesiona no solo a nivel local sino nacional e internacional pues hace ver a Colombia una vez más como un país violento”.
Trabajo mancomunado
Aseguró el funcionario que esto no es un infanticidio u homicidio, como algunos lo han denominado, sino que es un filicidio el cual es un delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un genitor (padre/madre) hacia un menor hijo propio. Agregó que lo preocupante es que cuando las cosas vuelvan a su curso normal y este escándalo se calme, los colombianos continuemos como un país de olvido, en donde casi que estamos permeabilizados a este tipo de hechos, o que seamos solamente sensibles y solidarios de manera coyuntural, sólo en el momento de las tragedias.
En este sentido hizo un llamado al estado para que se preocupe por la génesis de estas situaciones, y se genere una política criminal seria a través del legislativo. “Colombia tiene que reaccionar, uniéndonos todos los organismos del Estado pues esto es un trabajo mancomunado de los entes y de los padres, quienes somos los primeros educadores de los niños y tenemos el deber, la obligación de empezar con ellos en la construcción de vida buena, saludable, recta, respetuosos de la sociedad y de la ley. Insisto, es un trabajo que comienza por cada uno de nosotros los padres, articulado con los docentes que son una parte importante, pero de igual manera con un seguimiento por parte de las Instituciones del estado. Necesitamos la vinculación de las gobernaciones, de las alcaldías, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Personerías, Defensorías, es decir es un trabajo incorporado de todo el Estado para que estos hechos no se repitan y no nos sintamos burlados, utilizados con una farsa ya que todo el pueblo santandereano y las autoridades fuimos muy solidarios con esta madre y su familia”, manifestó conmocionado el Defensor Regional.
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