“LOS PERIODISTAS DE CARA A LAS VÍCTIMAS”, ABRE LA X SEMANA DEL PERIODISTA EN SANTANDER

“Los periodistas de cara a las víctimas” es el tema de la actividad de capacitación que dará apertura a la X Semana del Periodista en Santander, que organiza la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, CPS 13 AÑOS, del 1 al 8 de agosto en Bucaramanga.

Los invitados a este taller son: Tres víctimas de la violencia (Guerrillera, paramilitar y de Estado), el Defensor del Pueblo en Santander, Dilmar Ortiz Joya, el Director de la CNRR, David Augusto Peña y la Directora Modelo Interinstitucional de Atención a Víctimas de Santander (MIAV), María del Pilar Téllez Soler.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y LISTADO DE FUENTES

Un sencillo pero útil glosario de términos y una listado de las fuentes de información que tienen que ver con el tema de las víctimas en la región, serán entregados a los periodistas, en el taller que se llevará a cabo, este sábado 1 de agosto, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el salón Andrés Páez de Sotomayor del Hotel Ciudad Bonita, en la capital santandereana.

TODAS LAS ACTIVIDADES GRATIS

Todas las actividades que se realizarán en desarrollo de la X SEMANA DEL PERIODISTA EN SANTANDER, son gratis y a ellas pueden asistir periodistas, docentes, estudiantes de comunicación social y periodismo, fotógrafos, camarógrafos, locutores, autoridades e integrantes de los medios comunitarios y alternativos del departamento.

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SANTANDER TENDRÁ COMISIÓN DE RESTITUCIÓN DE BIENES A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

En octubre se instalaría la Comisión Regional de Restitución de Bienes a las víctimas de la violencia en Santander, informó la Coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo e integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, Patricia Luna Paredes

Dichas declaraciones, fueron entregadas en un evento que se realiza en Bucaramanga, como preparación para la conformación e instalación de la mencionada Comisión.

Según David Augusto Peña, Coordinador en el Nororiente de la CNRR, ésta Comisión creada por la Ley de Justicia y Paz, tiene entre otras funciones: Propiciar trámites relacionados con reclamación sobre propiedad y tenencia de bienes; orientar y asesorar a las víctimas en los trámites para su reclamación; acompañar a las víctimas y hacer seguimiento a estos procesos; y difundir y divulgar información sobre los bienes, trámites, procedimientos y diligenciamiento de solicitudes para la restitución de bienes.

El Defensor del Pueblo en Santander, Dilmar Ortiz Joya, fue enfático en afirmar que “La Comisión no restituye bienes” y señaló que el proceso es complejo porque “Colombia es el único país del mundo que hace restitución de bienes cuando el conflicto no ha terminado”.

EN COLOMBIA HAY 3.3 MILLONES HECTÁREAS PROTEGIDAS

3 millones 300 mil hectáreas protegidas para restituir a las víctimas de la violencia tiene actualmente Colombia, manifestó Jorge Alberto Granados, asesor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, quien acompaña el diseño del programa de restitución de bienes de la CNRR.

Proteger estos bienes significa que no pueden ser vendidos, arrendados, ni negociados por ningún motivo. “Se sacan del mercado para que no se vulneren los derechos de sus dueños”, dice Jorge Alberto Granados.

EN SANTANDER HAY 67 MIL HECTÁREAS PROTEGIDAS

En Santander, según datos del Registro Único de Predios, a junio de 2009 hay 67.962 hectáreas protegidas, ubicadas en 62, de los 87 municipios del departamento.

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EN DÍA DE LA JUVENTUD, DEFENSOR HACE LLAMADO PARA QUE SE GARANTICEN DERECHOS DE LOS JÓVENES

En el día nacional de la juventud
Con motivo de la celebración del, día nacional de la Juventud, que se llevará a cabo el próximo 4 de Julio, el Defensor del Pueblo Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, invita a la comunidad a reflexionar sobre los derechos de este grupo poblacional, al reconocimiento de su gran potencial y a revisar, la manera cómo se le está involucrando en el desarrollo, en las políticas públicas y en su reconocimiento como sujetos de derechos activos, participativos y propositivos.

En nuestro país y en nuestras regiones, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades han venido vulnerando los derechos de cada ciudadana y ciudadano, pero más de nuestra Juventud (*1). Hace doce años se expidió la Ley de la Juventud (No. 375 de 1997), que busca recoger y proyectar al futuro los postulados de la Constitución Nacional, especialmente en tres aspectos trascendentales como son: el reconocimiento expreso de los jóvenes como sujetos de derechos, el llamado a su participación plena en la sociedad, y el reconocimiento de las responsabilidades del Estado y la sociedad en la formulación y ejecución de políticas públicas.

“Hoy en día hacia esos puntos vitales, se genera muchas inquietudes e interrogantes sobre su avance; por ejemplo, nos preguntamos ¿cómo se ha promovido la formación integral de la juventud, su vinculación y participación activa en la vida económica, política, social no sólo a nivel nacional, sino en el departamento y especialmente, en nuestros municipios?”, manifestó Ortiz Joya.

En correspondencia con el Artículo 45 de la Constitución Nacional se crean instancias para que la juventud participe en la toma de decisiones de los asuntos que les compete, “en todos los rincones de nuestro departamento, los Consejos Municipales de Juventud (Art. 19) deberían estar funcionando y siendo protagonistas de la vida cotidiana de los jóvenes, permitiéndoles a la vez tomar decisiones sobre los programas y proyectos a ejecutar; en especial, con aquellos que se encuentren en circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta tales como son los afro-colombianos, indígenas, raizales, indigentes, discapacitados, en desplazamiento forzado, entre otros”, indicó el Defensor de Pueblo.

De la misma forma, agregó el funcionario, se deben crear condiciones de igualdad real y efectiva, siendo copartícipes en la construcción de política pública hacia ellos, la cual -por ley-- debe estar inserta en los planes de desarrollo y con recursos acorde con las necesidades y sus derechos.

El Defensor del Pueblo dice que a pesar de que la Ley resalta la consolidación de políticas públicas con vinculación de la juventud, le surge la inquietud sobre si los entes territoriales les han proporcionado a los jóvenes las oportunidades para que orienten su propio desarrollo, ejerzan la convivencia, el diálogo y la solidaridad y sean interlocutores del Estado.

Afectados en cifras

De acuerdo con el panorama estadístico sobre la situación de la juventud, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (*2), muestra que en el período del 1 de enero al 30 de abril del presente año, de 3431 valoraciones por lesiones no fatales en el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB-, el 22% (742 casos) fueron hacia menores de edad, y de manera específica: 131 por maltrato al menor, 303 por violencia interpersonal (riñas, atracos callejeros), 179 por delitos sexuales, donde el grupo más afectado son de 5 a 14 años con 133 casos. Hacia las lesiones fatales, de un total de 166 casos, el 16% tiene relación con menores y jóvenes, siendo las víctimas de homicidios (8 muertes), suicidio, accidentes de tránsito, en violentas accidentales y violentas indeterminadas.

Dentro del seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo a amenazas y riesgos hacia la población santandereana, mediante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la muerte de jóvenes en nuestras ciudades puede estar ligada a posible limpieza contra drogadictos, delincuentes, y habitantes de la calle, a manos de personas armadas que estarían siendo funcionales por sus actividades delictivas (redes de distribución de drogas, prestación de servicios legales e ilegales de seguridad ) a agrupaciones pos desmovilización vinculadas al tráfico de narcóticos.

El Defensor Regional hace un llamado a los entes territoriales para que garanticen los derechos de la juventud, buscando la integración social y el ejercicio de su ciudadanía. “Es urgente, consolidar estrategias eficaces y eficientes hacia la reeducación y resocialización para jóvenes involucrados en fenómenos de drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia, conflicto armado e indigencia, que ha venido mermando las posibilidades de la juventud a tener una calidad de vida digna y, especialmente, a gozar de sus derechos”, puntualizó Dilmar Ortiz Joya.

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*[1]Ley de Juventud, define al joven como la persona mayor de 14 años y menor de 26 años. Esta definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.

*2 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe especial “El Maltrato infantil-vulneración de los derechos de adultos vs menores, 2008-2009.

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ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

En busca de fortalecer el trabajo con población víctima del desplazamiento forzado y en respuesta a la línea de visión No. 7: “Modernización y cualificación de la gestión defensorial”, semanalmente se editará este boletín con algunos aspectos básicos del acceso a las rutas de derechos de los mismos, así como oferta institucional y referencias de la normatividad reciente de la Corte Constitucional.

Este derecho se visibiliza en la misma Ley 387/97 (artículo 29), el Decreto 250/05. La protección en caso de riesgo/amenaza es un derecho constitucional (Artículo 13) y como Principio Rector de Desplazamientos Internos (10, 11, 12, 13 y 15). Otras disposiciones se encuentran en la Sentencia T-025/04 y el Auto 200/07, entre otros.

La presente edición hace referencia a ¿cómo se visibiliza el derecho a la protección a la vida y la integridad de esta población?. La Ruta fue estructurada con base en el Auto 200 de 2007 de la Corte Constitucional y los lineamientos del Ministerio del Interior.

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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO O RUTA PARA OBTENER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN?

Paso 1. Las personas en situación de desplazamiento que haya sido objeto de amenaza contra su vida en su condición de líder o por ser desplazado, podrá presentarse ante las entidades responsables: Ministerio Público (Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) a solicitar la protección. La persona que no ostenta el carácter de líder debe acreditar mediante evidencias precisas y concretas el riesgo, más allá de un relato coherente y verosímil y acreditar mediante evidencias las acciones adelantadas ante las autoridades para solicitar la protección (ejemplo, denuncia de la amenaza).

Paso 2. El representante del Ministerio Público brindará orientación al amenazado para la construcción de la carta solicitando protección, la cual será firmada por el interesado. El Ministerio deberá remitir esta solicitud inmediatamente a la Secretaría de Gobierno municipal, para que se active la presunción del riesgo y la protección.

Paso 3. El Secretario de Gobierno verificará el cumplimiento de las condiciones de la petición de protección, realizará la valoración y análisis preliminar del riesgo.

Paso 4. El Secretario de Gobierno con la valoración preliminar (cuenta con dos (2) días), solicita a la Policía la adopción de las medidas de protección urgente o de carácter transitorio que responda a la amenaza. Estas medidas deben ser notificadas, mediante acto administrativo al interesado y sobre ellas proceden los recursos de ley.

Paso 5. El Secretario de Gobierno solicita a la Policía, el estudio de riesgo y el grado de amenaza, resultados que deben ser entregados a la misma a los 15 días.

Paso 6. El Secretario de Gobierno una vez cuenta con el estudio de riesgo tiene dos (2) días para convocar a la Mesa de Prevención y Protección, donde se presenta los casos y las actuaciones. De esta reunión se debe levantar acta.

Paso 7. Los integrantes de la Mesa de Prevención y Protección (Mesa P y P), valoran la situación para cada caso, así como el estudio del nivel de riesgo y las medidas de protección definidas (blandas y duras).

Paso 8. Una vez tomada la decisión de la Mesa, el Secretario de Gobierno durante los tres (3) días siguientes, comunicará por escrito y verbalmente a los interesados, los cuales deben acudir a la Secretaría para la notificación de las medidas determinadas y si es el caso, ejercer los recursos de Ley.

Paso 9. El beneficiario de las medidas de protección, expresa su consentimiento al firmar acta de compromiso, en la cual se especifica las medida aprobadas, las instituciones responsables, las recomendaciones de seguridad que debe cumplir y el tiempo de las mismas.

Paso 10. El Secretario de Gobierno informará a los integrantes de la Mesa de P y P sobre la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas y se revaluará, por lo menos un mes antes del vencimiento de las mismas, datos que serán informados a la Mesa y al protegido, así como llevará a cabo el seguimiento de los casos.

Elaborado por: Lucy St. Pabón Dulcey, Asesora Defensoría del Pueblo Santander.

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EN EL DÍA DEL GUARDÍAN

En la ceremonia estuvieron presentes: Teniente Henry Mayorga Meléndez, director del establecimiento penitenciario y carcelario de Bucaramanga Modelo; Dilmar Ortiz Joya, Defensor de la Regional Santander; General Yesid Vásquez Prada, Comandante de la Policía Metropolitana; Mayor ( r) Jersun Meneses Gómez, director del Inpec Regional Oriente; Teniente José Alfonso Bautista, director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad Palogordo.

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HAY QUE VELAR POR LOS DERECHOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

En el marco de la celebración del día del guardían, el Defensor del Pueblo Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, hizo un reconocimiento muy especial a las labores que desempeña el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, y resaltó la importancia de la responsabilidad y del trabajo que desarrollan el grupo de hombres y mujeres encargados de velar por la seguridad en los diferentes centros penitenciarios del país.

La regional oriente del Inpec celebró esta fecha y condecoró por su conducta, y años de trabajo, a un numeroso grupo de integrantes de este organismo. El Defensor Regional señaló que es importante que el trabajo que ellos hacen lo desempeñen con mucho respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, y al Derecho Internacional Humanitario. “Esto hace que no solamente hoy se exalte la labor que desarrollan sino que esta distinción y reconocimiento debe ser diaria, y realizada por ellos mismos al momento que culminan su labor”.

Los guardianes, manifestó Ortiz Joya, son custodios de las personas que requieren el acompañamiento y que necesitan de gente formada como son los funcionarios que integran al INPEC, “ellos, son las personas que tienen a cada instante la posibilidad de hacer cumplir ese fin de la pena consagrada en la legislación penal”.

Agregó el Defensor que los guardianes con su entrega, honestidad, transparencia y labor, hacen que los reclusos el día de mañana se reintegren a la sociedad como hombres de bien; que el sacrificio que algunos de los guardianes han hecho al estar lejos de sus familias para estar en contacto directo con las personas que han delinquido, que han transgredido la legislación, hacen mas valedera la función y el reconocimiento que el Estado colombiano les hace.

Para conmemorar esta fecha la regional oriente del INPEC ofreció un homenaje a su personal, y en ceremonia llevada a cabo en presencia de algunas autoridades civiles y militares, hizo entrega de medallas y botones por conducta y años de servicio. De igual manera, el Mayor ( r ) Jersun Meneses Gómez, Director Regional Oriente INPEC, el director del centro penitenciario y carcelario de Bucaramanga Modelo, Teniente Henry Mayorga Meléndez, y del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad Palogordo, Teniente José Alfonso Bautista recibieron de parte de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga la medalla al Mérito Ciudadano.

“Los guardianes deben mantener siempre presente que la vida de las personas de las cuales depende su custodia y su integridad física al interior del centro penitenciario y carcelario, es de ellos, y por tanto deben así garantizarlo porque a los centros penitenciarios y carcelarios no entra el delito, entra la persona y como tal así debe respetarse”, concluyó Dilmar Ortiz Joya.

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