
Señaló que aunque queda en manos del Gobierno decidir desde qué grados empezaría a hablarse de la despenalización del aborto con respecto a las tres (3) causales, es importante examinar cuidadosamente qué se va a enseñar, determinar la corresponsabilidad de los padres de familia, analizar el tema de la prevención, las consecuencias y efectos jurídico-penales, sociales, sicológicos, afectivos de su práctica, entre otros, que se puedan generar con esta decisión.
Ortiz Joya dijo que a pesar de que la Corte impartió la orden en la Acción de Tutela T- 388 de 2009, mediante la cual establece un plazo de tres (3) meses a los Ministerios de Protección Social y de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que diseñen un Plan Nacional de Promoción de los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y le da la responsabilidad de hacer seguimiento a la orden impartida por la corte constitucional, es “aquí en donde juega un papel muy importante el tema de los Derechos Humanos pues por un lado está el derecho a la vida y por el otro el tema del derecho a la educación, bajo la premisa de que se busca es educar y no de apoyar las prácticas sexuales irresponsable y deliberadas. Es muy importante destacar que no se trata de dictar cátedras sobre prácticas abortivas en los colegios sino de instruir a los estudiantes sobre la responsabilidad y el derecho a la vida y la dignidad humana, y más aún, existiendo los tres casos en los que la jurisprudencia constitucional colombiana acepta de una u otra forma el aborto (lo cual ya hace parte del acervo de derechos de la mujer en Colombia y de su legislación)”.
“Para tal efecto, ya el Defensor del Pueblo Nacional impartió instrucciones a sus equipos de trabajo y a los Defensores Regionales con el fin de darle cumplimiento a la orden emanada de la Corte Constitucional”. concluyó el defensor del pueblo de Santander.
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