RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE RIESGO N° 024 EMITIDO POR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A EL 7 OCTUBRE DE 2009 PARA EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Con la culminación del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC - en enero de 2006, Santander daría inicio a un proceso de reconfiguración de nuevas estructuras armadas ilegales, bajo diferentes denominaciones y renovadas estrategias de violencia. El resurgimiento de estos grupos armados ilegales tiene que ver con la desmovilización incompleta de las AUC que no logró desvertebrar de manera efectiva las estructuras paramilitares que operaban en esta región. Ello dio lugar a que antiguos jefes y miembros de las autodefensas se involucraran inicialmente con actividades económicas ilegales (narcotráfico, contrabando, etc.), para avanzar en pocos años a objetivos de mayor importancia, que necesariamente involucran el control territorial y poblacional, asociado a una mayor incidencia en el control de economías legales e ilegales, así como a interferir en el devenir político local, estrategia que se ha venido soportando mediante actos de violencia como el sicariato, los atentados con explosivos, el uso de métodos y medios para generar terror en la población, entre otras.
En el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, diversos sectores de sus núcleos poblacionales urbanos –referenciados en la localización geográfica del riesgo-, comenzaron a ser utilizados por estos grupos armados como puntos de articulación, a partir de alianzas entre redes delictivas marginales (expendedores de sustancias psicoactivas, vigilancia nocturna en barrios periféricos, bandas de delincuencia común, etc.), lo que dio lugar a una nueva dinámica violenta dirigida a ejercer presión contra integrantes de grupos sociales estigmatizados la cual se ha materializado en amenazas de muerte, intimidaciones y homicidios de personas en situación de desplazamiento forzado, trabajadoras y trabajadores sexuales, consumidores de sustancias psicoactivas, así como retaliaciones derivadas del ajuste de cuentas por tráfico y expendio de drogas.
Por otra parte, dichos grupos armados también desarrollan acciones de control social y político que se traducen en persecución a líderes sociales, sindicales y comunitarios, y a expresiones organizativas y políticas alternativas que se oponen y han denunciado públicamente el accionar de estos grupos ilegales. Esta situación se evidencia en los permanentes señalamientos contra dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, de organizaciones políticas, y defensoras y defensores de derechos humanos, como supuestos colaboradores o integrantes de agrupaciones guerrilleras, que han generado amenazas y desplazamientos forzados.
En este sentido, y como en su momento ocurrió con el paramilitarismo, la intencionalidad de las nuevas agrupaciones armadas pos desmovilización, no se reduce al control de rentas del narcotráfico, sino que en la medida en que se consoliden en el territorio, su devenir necesariamente los llevará a pretender influir o controlar otros sectores de la economía, al mismo tiempo que buscar interferir o promover alianzas con el poder político local, contexto en el cual la violencia actúa como vehiculo eficaz para amedrentar y eliminar a todo aquel que consideren su contradictor u obstaculice de alguna manera sus intereses.
De esta forma, estas agrupaciones armadas ilegales emplean el recurso de la violencia con el propósito de expandir su accionar en el ámbito urbano. Lo anterior, haría probable, que en la disputa por el control territorial y poblacional, se presenten ataques con arma de fuego entre miembros de estos grupos ilegales que se autodenominan “Los Paisas”, “Los Rastrojos”, “Águilas Negras” y, Autodefensas Gaitanistas en los que eventualmente podrían resultar afectados personas ajenas a esa confrontación.
Así mismo, es posible que se intensifiquen las amenazas de muerte contra los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y comunitarios o que se realicen por parte de una u otra agrupación armada ilegal acciones violentas que se expresen en desapariciones, homicidios selectivos o múltiples, reclutamientos, extorsiones que pongan en riesgo la libertad o la vida de quienes se nieguen a pagarlas o desplazamientos forzados de habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga.
El Defensor del Pueblo en Santander, Dilmar Ortiz Joya, anunció que trasladará su oficina al Parque Santander de Bucaramanga, para atender a todos los ciudadanos dentro de la jornada de periodismo público “De cara a las víctimas, 36 horas por la dignidad” que se realizará los días 19 y 20 de noviembre próximo.
